LO QUE NO SE MIDE NO SE PUEDE CONTROLAR
Y LO QUE NO SE CONTROLA NO SE PUEDE MEJORAR
LA EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES SANITARIAS EN
ESPAÑA
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS
La evaluación de
intervenciones sanitarias (EIS) se ha convertido en una herramienta de gran
utilidad en varios países de nuestro entorno en la toma de decisiones sobre la
incorporación de innovaciones sanitarias y sobre el buen uso de los recursos.
La EIS busca conciliar un doble objetivo: conjugar el
acceso de los ciudadanos a aquellos avances terapéuticos que ayuden a mejorar
su salud, respetando la sostenibilidad de los sistemas sanitarios
públicos. Estas herramientas pueden ser empleadas para evaluar el impacto
de un programa o política concreta (evaluación del cambio en el sistema de
copago farmacéutico por ejemplo), en los procesos de financiación pública y
negociación del precio de medicamentos y otras tecnologías sanitarias, en las
estrategias de prestaciones a mantener, reforzar o desechar en la cartera de
servicios sanitaria (desinversión-reinversión), en la comparación de los
resultados de distintos modelos de gestión en centros sanitarios públicos o en
las experiencias de integración de servicios sanitarios y sociales, sin agotar
la lista.
En la tertulia conversamos de ello con Juan Oliva, profesor de la Universidad de Castilla La Mancha,
enfocando la cuestión desde la perspectiva de la evaluación económica, analizando
el coste de oportunidad para nuestro sistema sanitario de no evaluar sus
resultados e interpretando el uso normalizado de estas herramientas en clave
de buen gobierno de los servicios públicos.
DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN ACTUAL Y MARCO LEGAL
Aunque España se
ha caracterizado por una clara falta de cultura evaluadora y de búsqueda
de criterios de eficiencia en el ámbito del gasto público, parece que la
normativa española sí ha ido en consonancia con la búsqueda de esta
evaluación de políticas de gasto, haciéndose referencia desde en la
Constitución (art.31.2) hasta en diversas leyes presupuestarias y de ámbito
sanitario. Por todo ello, parece que la normativa española no ha sido la
responsable de que las Evaluaciones de
Intervenciones Sanitarias (EIS) no hayan tenido el mismo
impulso que en otros países de nuestro entorno y su falta de desarrollo a nivel
práctico se puede atribuir , una vez más, a una falta de voluntad política o
de dejadez institucional (y ya van varias Tertulias en las que esta conclusión
aparece…) La diferentes Agencias de Evaluación tanto estatales (AETS ISCIII)
como autonómicas, no han tenido ni los recursos ni el impulso ni el
reconocimiento necesarios para hacer de esta herramienta un verdadero motor de
eficiencia.
La llegada de la
crisis
ha despertado esta necesidad de evaluar verdaderamente si dentro de este gasto
sanitario existen tecnologías, medicamentos, políticas sanitarias o servicios
que verdaderamente valen lo que
cuestan. Pero esta evaluación de la eficiencia no debería
circunscribirse al contexto actual de crisis sino que debiera establecerse como
pilar básico del buen uso de los recursos públicos.
Y el futuro que se
nos presenta no es que se diga prometedor ya que, todavía no hemos recorrido
todo el camino de recortes que las políticas de austeridad nos tienen
reservado, encontrándonos que el gasto sanitario público, que según las últimas
cifras representa el 6,2% del PIB, se encuentra a medio camino de un prometido
ajuste que le situaría en un 5,2% del PIB llegados al año 2017. El intento de
hacer lo mismo con menos recursos sólo puede llevarnos a un empeoramiento del
sistema, sobre todo cuando los ajustes o recortes han centrado todo su énfasis
en los aspectos presupuestarios, regulados a golpe de Real Decreto Ley y
asfixia de recursos financieros a las CCAA, en vez de plantear escenarios a
medio y largo plazo donde primara la búsqueda de la eficiencia y la negociación
de una hoja de ruta con los agentes sanitarios y sociales. La preocupación por
las desigualdades (problemas de equidad, siendo más precisos) en resultados en
salud y en acceso a servicios sanitarios está clamorosamente ausente en los
discursos oficiales.
En los países de nuestro entorno
(Holanda, Portugal, Suecia, Reino Unido…), este análisis previo y planificación
de la eficiencia en torno a unos recursos limitados ha sido utilizado como
herramienta para crear unas normas claras y conocidas en las que el
análisis de la calidad y el concepto de
valor en salud prevalece sobre los criterios meramente economicistas,
estableciendo estrategias de financiación con políticas de
inversión-desinversión eficientes.
En esta línea, existen varias
experiencias a nivel internacional, que promulgan listas de aquellas cosas de
demostrada ineficacia como la lista Croydon o la campaña DO NOT DO
en Reino Unido, la lista del tecnologías inefectivas o dañinas del Institute of
Medicine EEUU o la lista Delisted en Canadá. Todo esto bajo la filosofía
de dejar de financiar, en todo o
en parte, dispositivos, medicamentos o procedimientos con nulo o bajo valor
clínico al tiempo que se promueven los de más alto valor clínico liberando
recursos para dedicarlos a estos últimos.
Y MIENTRAS TANTO
EN ESPAÑA…
Se mantiene la cultura de la falta de
evaluación que no es más que otro síntoma de mal funcionamiento y de falta de rigor, encontrándonos por
ejemplo en un sistema sanitario que, pese a que en los últimos años han proliferado como un parque temático los
modelos de gestión, no existe ni la intención de evaluar a posteriori los resultados
que analicen el impacto en salud de esas políticas. Todo esto acompañado de la
clásica opacidad como característica dominante a la que nos tienen
acostumbrados.
En el extenso debate surgido sobre la
gestión privada versus la gestión pública ,España se vuelve a caracterizar
por la falta de evaluación de sus resultados si bien es verdad que numerosos
estudios internacionales, inclinan la balanza hacia la gestión pública como
garante de eficiencia, calidad y equidad en la asistencia. Y eso que en el caso de nuestro país, el concepto
“gestión pública” aparece fuertemente sesgado en algunos casos como en el
bastión privatizador de la Comunidad de Madrid, donde debería denominarse más
bien “gestión política” muy al margen de lo que una gestión pública debería
ser. En este sentido, un reciente informe de la extinta Comisión Nacional de la
Competencia (2013), ahora Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
alerta de las irregularidades existente en un paso previo: en los proceso de
licitación y adjudicación de las concesiones.
Dentro de las barreras que nos
encontramos en nuestro país para la implantación de Agencias de Evaluación y la
aplicación efectiva de sus recomendaciones, quizás la más importante sea la
falta de voluntad política y el hecho de que en el caso de las inversiones y
desinversiones tanto de tecnologías como de medicamentos la partida se juega
en el tablero político y no en el científico. Prueba de ello la hemos
tenido recientemente con el caso de los tratamientos de la Hepatitis C. Otro
caso paradigmático fue la liquidación de la Agencia Laín Entralgo (dentro de la
cual estaba inserta la agencia de evaluación de tecnologías sanitarias de la
Comunidad de Madrid), justo en las fechas donde su trabajo debería haber sido
de mayor utilidad para los responsables sanitarios de la región. Ni que decir
tiene que dicha agencia jamás recibió el mandato de evaluar los modelos de
gestión sanitaria que se estaban desarrollando en la Comunidad de Madrid.
En definitiva, EVALUAR supone abrir las ventanas del sistema para poder ver
realmente cómo hacemos las cosas y dejar que la información fluya entre
profesionales, responsables políticos y, especialmente,
entre los propietarios del sistema: la ciudadanía.
No evaluar supone mantener la opacidad
de las decisiones políticas que excusan tanto al político como al gestor de
rendir cuentas.
Y no evaluar supone mantener los puntos
de ruptura de nuestro sistema y no poder diagnosticar los problemas reales que
ponen en riesgo la sostenibilidad del mismo.
- Oliva J. La evaluación
económica de intervenciones sanitarias en España. Situación actual y
perspectivas. Gest y Eval Cost Sanit. 2013;14(1):15-24.
- Sánchez Martínez FI, Abellán
Perpiñán JM, Oliva Moreno J. La privatización de la gestión sanitaria: efecto
secundario de la crisis y síntoma de mal gobierno. Informe SESPAS 2014. Gac
Sanit. 2014;28(S1):75-80.
No hay comentarios:
Publicar un comentario